Monarquía constitucional
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Monarquía constitucional es una forma de gobierno donde el monarca ostenta la jefatura del estado y, por regla general, ha tenido como fundamento la sucesion de esa jefatura dentro de una sola familia, siguiendo el principio de la primogenitura o antelacion en el nacimiento, y el principio de prioridad del varon sobre la mujer.
El poder de un monarca puede ser de carácter simbólico o no. En la actualidad se encuentra regulado por una ley, con frecuencia una constitución. El rey o reina tiene papel de moderador o árbitro en los conflictos políticos del Gobierno, habitualmente, elegido democráticamente.
Por oposición a la monarquía absoluta, la ciencia política distingue entre monarquía constitucional y monarquía parlamentaria.
En las monarquías constitucionales, el rey conserva el poder soberano o bien lo comparte con el pueblo al que concede una serie de derechos mediante una carta otorgada o constitución.
En cambio, en las monarquías parlamentarias la soberanía reside, en su práctica totalidad, en la voluntad popular, siendo el monarca una figura esencialmente simbólica. El ejemplo clásico de monarquía parlamentaria es el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, que no posee una constitución codificada, sino un conjunto de leyes que forman su "constitución interna".
Aunque las pocas monarquías constitucionales que quedan hoy pueden considerarse representativas de sistemas democráticos (monarquías constitucionales democráticas), históricamente no siempre ha sido así. Muchas de las monarquías han coexistido con constituciones fascistas (o en la practica fascistas) como en Italia, España o Japón, o con dictaduras de Gobierno militar como en Tailandia, en 2007.
En el caso de España, la monarquía constitucional de Alfonso XIII amparó el golpe militar y Dictadura de Miguel Primo de Rivera (1923-1929). La actual monarquía fundada por el dictador Francisco Franco (1936-1975) mantiene ese modelo, toda vez que en 1978 el rey Juan Carlos de Borbón promulgó carta de derechos. La constitucionalidad de esta monarquía es dudosa para el Derecho Político. Se encuentra en entredicho por la falta de los requisitos secularmente establecidos en la tradición constitucional española, y, sobre todo, por la ausencia del principal: el no haberse realizado al morir Franco una consulta popular sobre el modelo de Estado. La Carta de 1978 fue otorgada por su heredero en virtud de la convocatoria para reunir un parlamento regulado conforme a la Ley franquista, y con unos representantes carentes del necesario mandato constituyente de las urnas, por lo que puede considerarse que fue "golpista" contra la soberanía nacional. Aquella cámara fue muy similar en sus funciones y trabajos a la Asamblea de Bayona convocada por Napoleón Bonaparte en 1808.
Igualmente, adolece esta Monarquía de Franco -llamada también Monarquía del 18 de Julio- de la falta del requisito del juramento al texto que fue redactado y aprobado a favor de Juan Carlos por los diputados de 1978, imprescindible para que ser catalogado como un rey constitucional. El juramento lo acabaron prestando a la fuerza los anteriores Borbones(aparece inscrito en las monedas emitidas durante el siglo XIX); la ausencia de este requisito tal vez pueda suponer una ruptura con la tradicion de juras de Cortes (pactos rey-reino) celebradas hasta la de Carlos IV, a fines del XVIII. Don Juan Carlos fue proclamado heredero de Franco con el título de "rey", que reemplaza oficialmente el de "caudillo", en las mismas Cortes Españolas de Franco reunidas a este fin. El Dictador estuvo presente en el acto solemne, siendo testigo del juramento de lealtad de don Juan Carlos a su persona y su régimen.
La monarquía constitucional se configura como un freno del impulso democrático a consecuencia de la aparición de las primeras repúblicas modernas como Estados Unidos de América y Francia, especialmente en el siglo XIX. Con ella se pretendía pasar de la monarquía absoluta, máxima representante del Antiguo Régimen, a la monarquía que, aun siendo parlamentaria, reservaba al monarca poderes tremendamente excepcionales respecto a la Ley junto con el privilegio de que solamente pudieran ejercerlos los miembros de su familia.
No obstante, y a pesar de todo lo expresado hasta aquí, cabe decir, respecto a la monarquía española, que el dictador Francisco Franco nombró como sucesor a Juan Carlos I con el objeto de asegurar la continuidad del régimen franquista. La realidad es que Juan Carlos I no es a día de hoy tal heredero, pues convirtió una monarquía de corte absolutista, en la que ostentaría todos los poderes, en una monarquía constitucional y democrática, de tal manera que se legalizó de nuevo a partidos como el comunista, el socialista y la creación de otros muchos con el fin de garantizar la pluralidad política. En los tiempos que corren, muchas personas hablan de partitocracia en España, en lugar de democracia. No podemos asegurar esto ni tampoco tacharlo de falsedad, pero en caso de que así fuere, es responsabilidad del pueblo y no del monarca, pues fue éste quien ha otorgado a la ciudadanía su soberanía y potestad.
