Dictadura cívico-militar en Uruguay (1973 - 1985)

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La dictadura cívico-militar uruguaya se extendió entre 1973 y 1985 y fue el período de facto originado en el Golpe de Estado del 27 de junio de 1973 y marcado por la prohibición de partidos políticos, la ilegalización de sindicatos y la persecución y asesinato de opositores al régimen.

[editar] Antecedentes

Hacia 1955 se inició en Uruguay una crisis económica que afectó también a las instituciones políticas. Durante la década de 1960 hubo un proceso de deterioro social y económico con un notable aumento de la conflictividad que incluyó la lucha armada a través de la guerra de guerrillas, protagonizada por grupos de extrema izquierda, entre los cuales destacan los Tupamaros y fuerzas de extrema derecha, como el Escuadrón de la muerte y la Juventud Uruguaya de Pie (JUP). Las Fuerzas Armadas fueron asumiendo protagonismo hasta que, ante la crisis social, económica y política que vivía el país, y la falta de respaldo político al Presidente de la República, deciden, con el apoyo del presidente electo Juan María Bordaberry, dar un golpe de estado.

En 1972 las Fuerzas Conjuntas (organismo que abarcaba las Fuerzas Armadas y la policía) detuvieron a los dirigentes tupamaros Raúl Sendic, Eleuterio Fernández Huidobro, Mauricio Rosencof, José Mujica, Adolfo Wasem, Julio Marenales, Henry Engler, Jorge Manera y Jorge Zabalza por los delitos de sedición y otros, permaneciendo recluidos desde ese momento hasta la finalización de la dictadura militar, es decir, hasta 1985. Fueron recluidos en casi total incomunicación y sufrieron apremios físicos y psicológicos (comprobados posteriormente por organismos como la Cruz Roja Internacional). También en condiciones muy duras estuvieron recluidos los diputados Jaime Pérez, Wladimir Turiansky, Gerardo Cuesta y José Luis Massera.

[editar] Los sucesos de febrero de 1973

Bordaberry, queriendo devolver a los militares a los cuarteles y someterlos nuevamente al poder civil, nombró al general Antonio Francese como Ministro de Defensa Nacional. El ejercito y la fuerza aérea responden emitiendo los Comunicados 4 y 7, en los cuales "desconocen" la autoridad del novel ministro argumentando que el mismo se proponía desarticular a las Fuerzas Armadas, a la vez que dan la pauta de sus intenciones de, no solo "aportar seguridad para el desarrollo nacional", sino que también participar en la "reorganización moral y material del país".

[...] 2°. Inmediatamente de asumido su cargo, el actual ministro puso de manifiesto encontrarse empeñado en cumplir la tarea de impedir mediante la desarticulización de los mandos, que las Fuerzas Armadas cumplieran con la misión de alcanzar los objetivos que se han impuesto, de restablecer el orden interno y brindar seguridad al desarrollo nacional en procura del bienestar general dentro del sistema democrático republicano de acuerdo con la filosofía actual de las Fuerzas Armadas.
[...] 7°. En consecuencia, quien ocupe la cartera de Defensa Nacional en el futuro deberá compartir los principios enunciados, entender que las Fuerzas Armadas no constituyen una simple fuerza de represión o vigilancia, sino que, integrando la sociedad, deben intervenir en la problemática nacional, dentro de la ley y comprometerse a trabajar, conjuntamente con los mandos, con toda decisión, lealtad y empeño, a fin de poder iniciar la reorganización moral y material del país.

"Comunicado Nº 4", Mandos militares conjuntos del Ejercito y la Furerza Aérea, 9 de febrero de 1973.^[1]

El desconocimiento del Ministro y los planteos de participación en la vida política del país, marcaron de hecho una insurrección de estas dos armas, en las cuales la Armada Nacional se mantuvo leal al gobierno. Este conflicto institucional provocó que Bordaberry acepara el Acuerdo de Boiso Lanza, donde fácticamente le entregaba una considerable cuota de poder a los militares.

[editar] El golpe

El 27 de junio de 1973, en vista de que "la acción delictiva de la conspiración contra la Patria, coaligada con la complacencia de grupos políticos sin sentido nacional, se halla inserta en las propias instituciones, para así presentarse encubierta como una actividad formalmente legal", el entonces presidente Juan María Bordaberry con el apoyo de las Fuerzas Armadas disuelve las Cámaras de Senadores y Representantes, crean un Consejo de Estado con funciones legislativas, de contralor administrativo y con encargo de "proyectar una reforma constitucional que reafirme los principios republicanos-democráticos", restringe la libertad de pensamiento y faculta a las FF.AA. y Policiales para asegurar la prestación interrumpida de los servicios públicos.

En respuesta al golpe de estado, en la misma madrugada en que se gesta el golpe, el secretariado de la CNT (Convención Nacional de Trabajadores) comienza la huelga más larga en la historia del país, durando 15 días.

[editar] Doce años de dictadura

En las cárceles uruguayas murieron cerca de un centenar de prisioneros políticos y continúan desaparecidas otras 200 personas.

En 1976, al terminar Bordaberry su mandato constitucional, ante la convicción de que el caos político que había vivido el país era responsabilidad de su sistema político, propone a la Junta de Comandantes en Jefe de las Fuerzas Armadas una reforma del sistema institucional del país, eliminando los partidos políticos y sustituyéndolos por "corrientes de opinión" en un sistema de corte corporativista.

Las Fuerzas Armadas, entendiendo que el problema no eran los partidos políticos, sino sus integrantes, y que la solución al problema vendría por la vía de una renovación de sus dirigentes, retiran su apoyo al presidente, que se vería obligado a abandonar el cargo en junio.

Mientras continuaba la persecución de los ciudadanos que luchaban contra la dictadura, Bordaberry es reemplazado por el entonces presidente del Consejo de Estado, Alberto Demicheli, quien suspende las elecciones previstas para noviembre y delega la presidencia en Aparicio Méndez (ex Ministro de Salud Pública), quien la asume por un período de cinco años.

El 30 de noviembre de 1980 la ciudadanía rechaza por medio de un plebiscito el proyecto de reforma constitucional propuesto por el régimen de facto, dando comienzo a un lento proceso de apertura política. El 1 de septiembre de 1981 asume la presidencia el general Gregorio Álvarez.

En noviembre de 1982 se celebran elecciones internas, pero con los principales líderes históricos blancos y colorados proscritos, al igual que toda la izquierda. De todos modos, los resultados de estos comicios fueron un claro rechazo al régimen dictatorial.

[editar] Pacto del Club Naval

En 1984, tiene lugar el Pacto del Club Naval acordado en agosto de ese año entre Gregorio Álvarez, el Frente Amplio, el Partido Colorado y la Unión Cívica. Los representantes del Partido Nacional se retiraron de las negociaciones por no compartir el planteo militar de realizar las elecciones con partidos y personas proscriptas (entre ellas, su entonces líder, Wilson Ferreira Aldunate).^[2] Tras realizarse los comicios el 25 de noviembre del mismo año, sale triunfante el Partido Colorado. El 12 de febrero de 1985 Álvarez deja el mando en manos del Presidente de la Suprema Corte de Justicia en ejercicio, Rafael Addiego Bruno, y, finalmente el 1 de marzo de 1985 el gobierno retornó a los civiles con la asunción de Julio María Sanguinetti (del Partido Colorado) como Presidente.

[editar] Consecuencias luego del regreso a la democracia

Al asumir el nuevo parlamento en febrero de 1985, se aprobó rápidamente (se promulgó el 8 de marzo con el número 15737) una ley de indulto a los presos políticos encarcelados en el Uruguay, entre los que había personas que habían cometido de hecho o cohecho, crímenes de sangre. De esta forma todos los presos políticos fueron liberados. Sin embargo, debe destacarse que la amnistía no fue directa para quienes estaban condenados por delitos de homicidio. En estos casos, se los excarceló provisionalmente y se dispuso la revisión de sus causas penales por los Tribunales de Apelaciones en lo Penal, pertenecientes a la justicia común, (habían sido juzgados por tribunales militares dependientes del Poder Ejecutivo, en aplicación de la Ley 14068 de julio de 1972), a los efectos de dictar una nueva sentencia. Se estableció que debía computarse por tres cada día pasado en prisión, a los efectos de la nueva pena, en atención a las reconocidas condiciones inhumanas de prisión padecidas. Esto, sumado a los largos años de reclusión que todos ellos habían sufrido, determinó que en ningún caso se produjera la vuelta a prisión de quienes estaban en esta situación.

En diciembre de 1986 durante la presidencia de Julio María Sanguinetti se dictó la ley 18.548 de la Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado que consagra la impunidad de los delitos de violación de los derechos humanos y de terrorismo de estado durante la dictadura (1973-1985).

En los años siguientes se llevó a cabo una campaña de recolección de firmas para derogar esa Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva de Estado (popularmente conocida como "ley de caducidad"). El 16 de abril de 1989, luego de que más de un 25% de la ciudadanía uruguaya habilitara con su firma el plebiscito para derogar dicha ley, se llevó a cabo el referéndum, con un triunfo del llamado "voto amarillo" (por el color de la papeleta) con un margen de 57% contra 43% a favor del "voto verde". El triunfo del "voto amarillo" significó no derogar la ley de caducidad.

[editar] Referencias